Palabras sacan palabras y el efecto dominó ya tiene a diputado de La Araucanía como primera pieza inestable
Haciendo contexto de la materia hay que remontarse al reciente 2023, para hablar del caso ‘Convenios’, la trama de corrupción que estalló en Chile a mediados de junio sobre el traspaso de dineros públicos a fundaciones privadas a lo largo del país, y que tuvo como principal referente a 15 secretarías regionales del Ministerio Vivienda que realizaron millonarias transferencias a organizaciones sin fines de lucro.
Muchos son los nombres que se pueden mencionar en esta trama, que incluso le costó el cargo al ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, y entre ellos uno de los más mediáticos como el de Camila Polizzi.
En ese sentido el sur de nuestro país también fue revelando retorcidas negociaciones similares, lo que llevó a la Fiscalía de La Araucanía ordenar la detención de los hermanos Rinett y Juvenal Ortiz, directivos de las fundaciones Folab y Educc, en el marco del caso convenios por los delitos de administración desleal y lavado de activos, lo que se conoció como el caso manicure, donde las fundaciones suscribieron un convenio con el Gobierno Regional de La Araucanía, recibiendo un monto de 730 millones de pesos por cursos que nunca se realizaron.
A los nombres antes mencionados se sumó la ex funcionaria del GORE, Susan Alarcón, y actualmente se cuenta un cuarto imputado por los delitos de fraude al Fisco y cohecho, se trata de Manuel Mora Chepo. Es precisamente en la intervención del fiscal persecutor penal, Roberto Garrido, quien en su alegato contra Chepo, mencionó en diversas oportunidades al diputado Mauricio Ojeda Rebolledo (IND-REP) y jefe de gabinete del Gobierno Regional (GORE), Juan Pablo Leonelli, mano derecha del gobernador Luciano Rivas.
Según antecedentes, el parlamentario en el año 2022 (entre junio y septiembre) le depositó a Rinett Ortiz -directora y representante legal de Folab- alrededor de $45 millones en cinco transferencias, debido a problemas financieros que ella atravesaba con la entidad, todo producto de una amistad de Ojeda con la directiva de Folab.
Tras esto un grupo de comunidades Mapuche exige su renuncia con un plazo de cinco días, de no ser así, anuncian acciones legales.